SANTO DOMINGO, RD.– Someten proyecto mediante el que se identificarían a quienes cometan hechos delictivos. Un diputado del Partido Revolucionario Moderno por el Distrito Nacional, sometió por la secretaría legislativa de la Cámara Baja un proyecto de ley mediante la que se crearía una base de datos para la recopilación del reconocimiento facial biométrico, registros dactilares y palmares de los ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes en el país.
Carlos Sánchez explicó que con esta ley podría identificar a los autores de hechos delictivos, por medio de la recolección de estas evidencias.
También facilitará la “individualización” de personas procesadas en calidad de imputados y garantizar la prevención de delitos de suplantación de identidad.
Sánchez explicó que el proyecto, que aún no ha sido conocida por la Cámara de Diputados, aportaría a la búsqueda de cadáveres y personas amnésicas, en estado de coma, mudas o extranjeras, que no puedan comunicarse por no manejar el idioma específico del lugar donde se encuentran.
“Con este proyecto se podrá realizar una búsqueda selectiva de datos para establecer la identidad de personas víctimas de hechos delictivos. Tal es el caso de las desapariciones forzosas, trata de personas, los femicidios y homicidios, entre otros crímenes que así lo requieran”, sostuvo el congresista.
Sánchez, representante del PRM en la circunscripción 3 de la capital, plantea la instalación del sistema moderno de Identificación Combinada (ABIS) en la Procuraduría General de la República (PGR) para lograr el almacenamiento y administración de este banco de información.
La pieza establece que la Policía Nacional, a través de los distintos departamentos de investigación, será quien tendrá la responsabilidad de suministrar los datos para su actualización constante.
“En el proyecto, la Procuraduría,el Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por medio de expertos en el ejercicio de la dactiloscopia y lofoscopia, deberán capacitar el personal de la Dirección Nacional de Cedulación, suscrita a la Junta Central Electoral (JCE), en sus funciones de recolección, corrección y actualización de estos aspectos distintivos que otorgarán los ciudadanos”, explicó Sánchez.
Agregó que “las huellas y demás informaciones personales, resguardadas en la base de datos adscrita al Tribunal Electoral, solo podrá ser consultadas por la PGR, los Institutos de medicina legal y ciencias forenses y las distintas dependencias de seguridad nacional como son la Policía Nacional y cuerpos castrenses con el único fin de identificación de personas bajo parámetros electorales, demográficos, migratorios, policiales y judiciales”.
En el caso de que una persona elimine sus registros dactilares con “ácido u otro medio físico”, será el Tribunal Electoral responsable de emitir una constancia para la actualización del sistema tecnológico.
Sin embargo, el proyecto legislativo no indica cuáles serían las consecuencias para los ciudadanos que cometan esta acción.
La iniciativa ordena conformación del Departamento de Seguridad Cibernética de la base de datos de Identificación Combinada (ABIS) para garantizar, mediante monitoreo constante, la seguridad, principios de confidencialidad, transparencia y el uso correcto de los certificados digitales el acceso. Someten proyecto mediante el que se identificarían a quienes cometan hechos delictivos.