SANTO DOMINGO, RD.-Cárcel por trata de personas sería hasta de 25 años. El crimen del tráfico de migrantes no prescribiría y las penas por este delito podrían ser de hasta 25 años de prisión, en tanto que los funcionarios involucrados podrían ser inhabilitados por hasta 20 años para ser empleados públicos según el proyecto aprobado en segunda lectura por el Senado de la República de la Ley 137-03 sobre Trata de Personas.
La pieza modificada, la cual había sido sometida por el Poder Ejecutivo el pasado 7 de abril, endurece las penas contra los traficantes de seres humanos.
Mientras que en la iniciativa el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, sugirió cuatro modificaciones de las cuales fueron acogidas dos por la Comisión Especial.
En lo adelante, la Ley adiciona el párrafo III y IV al artículo 3. El Párrafo III señala que el culpable del delito de trata de personas será sancionado con la pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de reclusión y multa de setecientos (700) a mil quinientos (1,500) salarios mínimos del sector público. En tanto que, el IV, apunta que “El delito de trata de personas no prescribe”.
Mientras que, en el párrafo V se destaca que el funcionario o servidor público hallado culpable o cómplice del delito de trata de personas se le impondrá, como pena complementaria, la inhabilitación por espacio de diez (10) años para ejercer cualquier tipo de función pública y, en caso de reincidencia, la inhabilitación será por veinte (20) años, cuyo cumplimiento inicia a partir del término de la sanción privativa de la libertad impuesta.
La propuesta de modificación adiciona el artículo X sobre imprescriptibilidad del delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Esta iniciativa incluye, además como agravante para los delitos de tráfico ilícito de migrantes y de trata de personas, la participación de funcionarios de los órganos extra poder, así como los demás poderes del Estado y los gobiernos locales.
El pleno acogió parcialmente la propuesta del senador de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, para que una vez convertida en ley, cualquier funcionario implicado en trata y/o tráfico ilícito de migrantes, sea inhabilitado de ocupar cargos públicos por hasta 20 años, sumado a la reclusión que determine el juez. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados para su conocimiento.
Fernández argumentó que una persona que valiéndose de su posición en el Estado incurra en el crimen de lesa patria, atentando contra la soberanía no puede ser premiado con el reingreso al servicio público.
El proyecto que envió el Poder Ejecutivo planteaba la sanción de cinco años de suspensión ante la primera comisión de este delito, y de 10 años en caso de reincidencia.
El senador capitaleño manifestó que los responsables de los delitos de trata y/o tráfico ilícito de migrantes sean condenados hasta con 25 años de prisión. Cárcel por trata de personas sería hasta de 25 años. El crimen del tráfico de migrantes no prescribiría.