El “estrépito” fue tan alto que parte de las piezas fueron retiradas por sus proponentes, observadas por el Ejecutivo o “guardadas” en comisiones para ser tratadas “después”. Otras siguen “dando de qué hablar”, al no lograr consenso.
Las normativas más controversiales de este año pasan de 20, destacándose entre ellas el proyecto de ley que plantea la creación del Ministerio del Hombre, propuesto por la diputada perremeísta y pastora evangélica Altagracia de los Santos.
El ministerio se encargaría de la formación, orientación, apoyo y transformación del hombre en su rol dentro de la familia y la sociedad, con énfasis “en la prevención de la violencia intrafamiliar”, la promoción de la salud mental masculina, la corresponsabilidad parental y el fortalecimiento de la unidad familiar.
El pliego de ley, sometido a la Cámara Baja el pasado 26 de mayo, despertó pasiones encontradas en todo el país, creando debates entre grupos conservadores y liberales. Hasta el momento la polémica legislación no ha sido tomada en consideración por el órgano congresual.
“Reforma fiscal 2.0”
La “reforma fiscal 2.0”, mejor conocida como el proyecto de ley que modifica los regímenes de exenciones de privilegios fiscales, fue otra pieza que dejó un mar de críticas en sectores, en especial en los industriales y servidores públicos, ya que iban a perder privilegios. El pliego de ley tiene como proponente al diputado reformista Rogelio Alfonso Genao Lanza, quien lo depositó en la Cámara Baja el 3 de marzo de este año.
“El ruido” subió tan alto que llegó hasta el Palacio Nacional, y el ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, tuvo que “bajar el volumen”, al afirmar que la discusión sobre una posible reforma fiscal o revisión de incentivos impositivos, “quedó totalmente cerrada el pasado año”, con el retiro de la propuesta de modernización fiscal en octubre del 2024 por parte del Poder Ejecutivo.
Presupuesto 2026 y la indexación
Se suma al listado de las más controversiales la hoy Ley 99-25, que aprueba el Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2026, por el tema de la indexación salarial, el cual tuvo varias semanas en la palestra.
El senador Omar Fernández (FP-Distrito Nacional) encabezó una campaña para que se modifique el artículo 45 de la legislación, a fin de que se aplique el ajuste de los impuestos sobre los salarios, como manda el Código Tributario. En principio, hasta senadores y diputados del oficialismo se mostraron a favor de la propuesta.
Al final, la oposición condicionó su voto y rechazó aprobar el marco de ley como vino del Ejecutivo, por no indexar los salarios.
Fusión Mescyt-Minerd
El proyecto de ley que establece la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd) es una de las propuestas legislativas más controversiales del año. La pieza plantea la distribución del 4% de forma compartida; “subordina” el Mescyt, al convertirlo en un viceministerio; elimina los dos consejos actuales y crea uno nuevo, solo para consultas “no vinculantes”; y da más poder al titular del Minerd.
Cuando el Gobierno aún no había sometido la iniciativa al Senado, su rechazo era evidente. En el 2024, el propio titular del Mescyt, Franklin García Fermín, objetó la fusión de las entidades, aunque luego “cambió de opinión”.
Las instituciones que rechazan “el junte” de los ministerios son la ADP, Educa, Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, universidades, entre otras. El Ejecutivo sometió el pliego de ley el pasado 11 de diciembre. Los debates siguen.
La trilogía de los nuevos códigos
Proporcional a su importancia fueron en el país las discusiones en torno a las reformas de los códigos Penal (Ley 74-25), Procesal Penal (Ley 97-25) y Laboral (pendiente en la Cámara de Diputados), de las que el Congreso logró evacuar las primeras dos propuestas de ley.
El nuevo Código Penal ha sido siempre una de las legislaciones que más pasiones despiertan en la población y la que más reacciones genera a nivel internacional, siendo el tema principal de polémica las tres causales del aborto. A este se agrega la no discriminación por “orientación sexual”, el trato especial para los funcionarios, entre otros puntos.
La reforma del Código Procesal Penal también dio “de qué hablar”, por -entre otros puntos, y según legisladores de la oposición y entidades- “ser llevada a la carrera” y otorgar más poderes al Ministerio Público. El Tribunal Constitucional, en su sentencia (TC) 0765/24, dio un año al Congreso para aprobar una vez más el contenido de la Ley 10-15, del Procesal Penal, cuya fecha falta era el 11 de diciembre de este año.
La modificación del Código de Trabajo es una de las iniciativas más ruidosas del año y la que “más agua ha dado beber” a los congresistas. El punto de mayor disenso es la cesantía. La normativa perimió en la pasada legislatura, fue reintroducida en la actual, aprobada en el Senado y ahora está pendiente en la Cámara de Diputados.
Candidaturas independientes
Resalta, además, la matriz legislativa que buscaba cumplir con la controversial sentencia del TC 0788/24, que modifica los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral para permitir las candidaturas independientes.
La sentencia tuvo tantas críticas, que el propio presidente del Senado advirtió al inicio de la primera legislatura ordinaria de este año que los legisladores “se enfrentarían a situaciones”, como “ningún otro Congreso en la historia” del país. Habló en referencia a la sentencia del Constitucional y el reto de cumplirla.
Una comisión especial de diputados, presidida por Elías Wessin, rindió un informe no favorable sobre la norma legal, que no ha sido conocido por el Pleno.