POR SILVIO CABRERA
Lo que le espera al dueño del Jet Set . No se augura ningún tipo de sanción de importancia que amerite penas privativas de libertad contra los propietarios de la discoteca Jet Set, a juzgar por eventos similares ocurridos en el pasado, como los estallidos de una fábrica en San Cristóbal, otra en Villa Agrícolas y el desplome de un techo en una tienda de La Vega.
En los casos de esta naturaleza que hasta la fecha se han presentado, los imputados han sido dejados en libertad con una simple medida de coerción, para que enfrenten sus procesos en sus hogares.
La posibilidad de que un imputado en este tipo de caso vaya a la cárcel es casi imposible, puesto que estos hechos siempre duran más de cuatro años en los tribunales y las penas a imponer, conforme el artículo 319 del Código Penal Dominicano, no pueden ser mayor de dos años, a menos que se demuestre que se trató de un homicidio voluntario.
En caso de una condena máxima de 2 años en este tipo de hecho, después de un largo proceso de cuatro o cinco años, el imputado obligatoriamente tiene que ser declarado a pena cumplida, puesto que se le computa el tiempo que duró en libertad condicional.
En los casos anteriores al ocurrido en la discoteca Jet Set, ninguno de los imputados ha sido enviado a la cárcel, permitiéndosele negociar la indemnización a pagar a los familiares de las víctimas.
Veamos la situación caso por caso:
Explosión Villas Agrícolas
En la explosión de la fábrica de plásticos Polyplas, ocurrida el 5 de diciembre de 2018 en Villas Agrícolas de la Capital, con un saldo de 8 fallecidos y más de 100 heridos, a los responsables solo se les impuso simples medidas de coerción no privativas de libertad, mientras 7 años después el expediente permanece en los tribunales.
Tras el desastre, Polyplas gestionó indemnizaciones y reparaciones para aproximadamente 800 personas afectadas. Además, la empresa se comprometió a certificar sus operaciones bajo la norma ISO 45001, que establece estándares para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
San Cristóbal
En el caso de la tragedia del estallido de una fábrica de plástico en San Cristóbal, ocurrida el 14 de agosto de 2023, con un saldo de 28 fallecidos y 59 heridos, a Edward Armando Vidal Garrido, propietario, se le impuso una garantía económica de 300 mil pesos, colocación de un grillete electrónico, presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras el expediente permanece en los tribunales.
Caso de La Vega
El colapso del edificio de la tienda R&S Multimuebles, ocurrido el 18 de enero de 2023 en La Vega, con un saldo de un muerto y varios heridos, es otro de los hechos donde prácticamente no ha ocurrido nada. A los propietarios se les impuso medidas de coerción no privativas de libertad, mientras enfrentan el proceso en sus hogares.
Para no cansarlos, no les citaré más casos, como por ejemplo los incendios de varias estaciones de venta de gas propano, en cuyos casos, al igual que los ya citados, no ha ocurrido nada que no sea el pago de las indemnizaciones que casi siempre pagan los seguros. Lo que le espera al dueño del Jet Set.