ABEDNEGO PAULINO
SANTO DOMINGO, RD.– Someten en Cámara de Diputados proyecto de parto responsable. En la Cámara de Diputados depositaron un proyecto de ley “de parto responsable”, para que las operaciones cesáreas estén justificadas por motivos médicos y se establezcan, garanticen y promuevan los derechos de las mujeres al momento de ser sometidas a cualquier procedimiento ginecológico, o sean asistidas durante el trabajo de parto, el parto y el postparto.
Con ello se busca proteger la integridad física y psíquica de las embarazadas, y erradicar “y sancionar” cualquier manifestación de violencia gíneco-obstétrica que alteren las condiciones adecuadas con las que deben contar las mujeres al momento de ser examinadas o de dar a luz.
La pieza consagra una serie de derechos para la mujer embarazada, como lo es el derecho al parto natural, en procura de que se respete el tiempo y proceso biológico y se eviten, en lo posible, prácticas invasivas y suministro de medicación cuando no esté debidamente justificado. El pliego de ley aclara que este derecho “jamás podrá ser ejercido de manera tal que ponga en riesgo la salud y vida de la madre y del que está por nacer”.
La propuesta legislativa fue introducida al Congreso Nacional el pasado 17 de septiembre, por el diputado Wandy Batista, presidente de la Comisión Permanente de Justicia del ala congresual. En otros países, como México, Argentina y Venezuela, la iniciativa es llamada “ley contra la violencia obstétrica”, según dijo el legislador al conversar con elCaribe.
Otros derechos de la mujer encinta consignados en el proyecto son: a controlar su propia reproducción, que incluye la libertad de elegir “dónde parir, cómo y con quién”; a estar “acompañada” durante el trabajo de parto, parto y post parto, por una persona de su confianza y elección; a recibir una adecuada orientación para preparar su parto y vivirlo como un acontecimiento “natural” y gratificante; y “a asumir las posiciones que desee” en su trabajo de parto y período expulsivo.
De igual manera, derecho a ser tratada con respeto por parte del equipo de salud que le asiste, de modo personal e individualizado, que se procure garantizar un adecuado grado de intimidad durante el proceso asistencial, según las condiciones del lugar del parto; entre otros derechos. Wandy Batista explicó que una de las cuestiones que más ilustran una posible violencia obstétrica en el país, es el hecho de la cantidad de partos por cesáreas que se realiza, que es alrededor de un 85%, contrario a la media del mundo, que es de un 15% (el 85% restante corresponde a partos naturales).
Padres podrán presenciar parto
Otra novedad del proyecto de ley, es que el padre del que está por nacer tiene derecho a participar del parto, siempre y cuando la madre lo autorice a ingresar, y a ser informado sobre la evolución y estado de su hijo y de prestar su consentimiento informado y expreso sobre el parto, cuando la madre se encuentre impedida de manifestar su voluntad al respecto. Se recuerda que en los hospitales públicos del país solo se permite el ingreso de la mujer embarazada al momento del parto.
Violación gíneco-obstétrica
Son actos de violencia gíneco-obstétrica “obligar a la mujer a parir en posición supina (acostada sobre la espalda, boca arriba) y con las piernas levantadas”, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical; “practicar el parto por vía cesárea” cuando existen condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; y no atender oportuna y eficazmente las emergencias gineco-obstétricas.
También “alterar el proceso natural del parto cuando”, de no ser necesario, se aplican técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; obstaculizar el apego del recién nacido con su madre, sin causa médica justificada; y proferir insultos, burlas, malos tratos físicos y cualquier tipo de violencia psicológica a la mujer embarazada desde el trabajo de parto hasta el postparto.
La violencia gineco-obstétrica es la que se ejerce contra la mujer -por el personal de salud que la evalúe ginecológicamente o de manera obstétrica, asistiéndola en el parto-, y que se expresa en un trato “deshumanizado, abuso de medicación y patologización innecesaria de los procesos naturales”, que trae como consecuencia, la pérdida de su autonomía".